El objetivo del Ejecutivo autónomo es facilitar a las víctimas de la violencia machista unos ingresos mínimos de subsistencia. La orden de Interior establece que los beneficiarios deberán acreditar que han sufrido una agresión sexista presentando una sentencia condenatoria, una orden de protección del juez o un informe del fiscal. Igualmente, las mujeres deberán estar empadronadas en el País Vasco, tener ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, que asciende a 624 euros al mes en catorce pagas, y encontrar serias dificultades para encontrar un hueco en el mercado de trabajo.

Según explicó el Ejecutivo, la orden de la consejería de Interior estaba prevista en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La finalidad de fondo es ayudar a las mujeres a independizarse de su agresor hasta que puedan insertarse en el mercado laboral. «Especialmente -indicó el Departamento de Interior- en aquellos casos en los que por las características de la víctima, edad, falta de preparación... se presume que tendrá dificultades para encontrar un trabajo y que no participará en programas de empleo establecidos para su inserción».